Diálogo de paz: De la Espriella lo rompe con tres grupos armados
El presidente Abelardo De la Espriella anunció la terminación del diálogo de paz que su antecesor, Gustavo Petro, había iniciado con tres estructuras armadas ilegales, entre ellas dos disidencias de las Farc con presencia en varias regiones del país.
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, confirmó este domingo la terminación del diálogo de paz que su antecesor, Gustavo Petro, había iniciado con tres grupos armados ilegales, una decisión que impacta directamente la política de seguridad nacional y que también tiene implicaciones para departamentos como Antioquia, escenario histórico de la presencia de varias de estas estructuras criminales.
¿Por qué el presidente decidió romper el diálogo de paz?
Según explicó el mandatario en una alocución oficial, la decisión responde a que estas organizaciones no muestran una voluntad real de paz. El presidente sostuvo que no existe voluntad verificable de reinserción a la vida civil ni de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener las conversaciones abiertas, un argumento que utilizó para justificar la ruptura formal de los diálogos.
El viernes anterior a este anuncio, De la Espriella había revocado los nombramientos de los representantes del Gobierno, así como los reconocimientos otorgados a los delegados de la contraparte, en los diálogos de la llamada “paz total” con dos disidencias de las antiguas Farc: el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), además de con la organización paramilitar Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
¿Qué son el EMBF y la CNEB, los grupos con los que se rompió el diálogo?
El EMBF hizo parte inicialmente del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las Farc, aunque se separó de esa estructura en 2024 debido a su negativa a continuar los diálogos de paz que en ese momento adelantaba el Gobierno de Petro. Por su parte, la CNEB surgió de una escisión de otra disidencia conocida como Segunda Marquetalia, producto de divisiones internas, y actualmente está conformada por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) y los Comandos de Frontera (CDF), estructuras con incidencia en distintas zonas del territorio nacional.
Estas organizaciones armadas, junto con otras estructuras criminales como el Clan del Golfo y el ELN, han mantenido presencia en varias subregiones de Antioquia, incluyendo zonas del Nordeste, Norte y Bajo Cauca, lo que convierte cualquier decisión sobre la política de paz o seguridad nacional en un tema de directo interés para las comunidades antioqueñas afectadas históricamente por la presencia de grupos armados ilegales.
Una decisión calificada como “claudicación de la soberanía”
En su alocución, el presidente calificó las negociaciones adelantadas por el Gobierno anterior como “la claudicación del ejercicio de la soberanía a favor del narcoterrorismo”. El mandatario fue enfático al señalar que no permitirá que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad, y afirmó que se acabaron las mesas sin resultados ni contraprestaciones reales por parte de los grupos armados.
¿Qué pasó con la política de “paz total” del gobierno anterior?
La política de “paz total”, que fue el proyecto insignia del Gobierno de Gustavo Petro, había venido naufragando desde meses atrás debido al fracaso de los diálogos con distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el propio Estado Mayor Central, negociaciones que fueron suspendidas por el mismo Petro alegando falta de voluntad de paz por parte de esas organizaciones.
Esta ambiciosa propuesta también contemplaba negociaciones con distintas disidencias de las Farc y procesos de sometimiento a la justicia para bandas como el Clan del Golfo, considerada la mayor organización criminal del país y con fuerte presencia en subregiones antioqueñas como Urabá y el Bajo Cauca, aunque los resultados obtenidos durante los diálogos fueron considerados insuficientes por la nueva administración.
El presidente De la Espriella aseguró que quienes persistan en las armas y el crimen “encontrarán en frente toda la capacidad legítima del Estado”, una advertencia directa dirigida a las estructuras armadas que continúan operando en distintas regiones del país, incluidas zonas rurales de Antioquia donde el conflicto armado sigue afectando a comunidades enteras.
“Mi concepción de la paz es clara: la paz se garantiza y se impone con la fuerza legítima de las armas y las leyes de la república, bajo el imperio de la ley, bajo el Estado de derecho”, sentenció el mandatario, en un mensaje que marca un giro claro respecto al enfoque negociador que había caracterizado la política de seguridad del gobierno anterior.
Esta decisión presidencial se produce en un momento en el que distintas regiones del país, incluida Antioquia, enfrentan una compleja situación de orden público, marcada por la disputa territorial entre estructuras armadas por el control de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, un panorama que las comunidades del Oriente antioqueño y otras subregiones seguirán de cerca ante los efectos que pueda tener este cambio de estrategia en la dinámica de seguridad del departamento.
Tal vez te pueda interesar: Hermes: capturan en Rionegro a hombre que enviaba dos toneladas de cocaína al mes a Europa
