Arancel a exportaciones: Estados Unidos analiza reducir a cero el cobro de 12,5% a empresas del país
El arancel del 12,5% que impuso Estados Unidos por normativas de trabajo forzoso podría reducirse a cero. La medida beneficiará a 1.751 empresas exportadoras colombianas tras ajustes jurídicos en el control de insumos.
El arancel aplicado por las autoridades comerciales de Estados Unidos a diversos bienes originarios del país podría desaparecer en el corto plazo. Durante el desarrollo del 38° Congreso Nacional de Exportadores, los representantes del gremio de comercio exterior anunciaron que Washington evalúa de manera técnica el desmonte del recargo tributario del 12,5%, el cual fue instaurado a mediados de este año a raíz de directrices internacionales asociadas a la prevención del trabajo forzoso en las cadenas de producción global.
De concretarse esta reducción, el impacto positivo alcanzará de inmediato a un universo de 1.751 unidades productivas colombianas con operaciones hacia territorio norteamericano. Los sectores más favorecidos serán aquellos que mantienen una estructura intensiva en contratación de personal y mano de obra fabril, cuyas operaciones habían registrado presiones económicas añadidas debido al sobrecosto aduanero fijado en las terminales de ingreso de la nación norteamericana.
Ajustes jurídicos para superar las restricciones de arancel
El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), Javier Díaz, reveló en el marco del evento sectorial que las mesas de concertación arrojan expectativas favorables para la balanza comercial: “La información que tengo es que ese arancel del 12,5% podría bajar a cero”. Díaz puntualizó que los acercamientos bilaterales han permitido clarificar la postura institucional del Estado colombiano, que busca homologar sus mecanismos de inspección con las exigencias del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
El dirigente explicó que las medidas estadounidenses no señalan que los productos despachados desde Colombia se elaboren bajo modalidades coercitivas o vulneraciones laborales. El requerimiento de Washington apuntaba a la necesidad de que el país creara una barrera normativa que impidiera el ingreso de materias primas o productos semielaborados procedentes de terceros países donde sí existen antecedentes comprobados de trabajo forzoso. Con ello se evita que insumos cuestionados se mezclen en la manufactura local y terminen introduciéndose al mercado estadounidense.
En respuesta a estas peticiones, el Gobierno Nacional implementó un instrumento legal enfocado en la gestión focalizada de riesgos. En palabras del dirigente gremial: “Necesitábamos sacar un instrumento jurídico por medio del cual se garantizara que productos, materias primas, insumos producidos en países que tienen trabajo forzoso no entraran a Colombia”. Este modelo permite examinar proveedores específicos y lotes sospechosos sin recurrir a embargos comerciales absolutos contra países enteros, preservando la continuidad de las cadenas legítimas de suministro.
Antecedentes de la medida y proyecciones para el mercado
El incremento de la tarifa arancelaria entró en vigor el 23 de julio de 2026, momento en que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) elevó el cobro del 10% al 12,5% amparándose en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La disposición cobijó a diversos Estados que, a juicio de los evaluadores norteamericanos, carecían de regulaciones aduaneras robustas para filtrar compras transfronterizas generadas en condiciones laborales denigrantes.
Al demostrarse la solidez del nuevo marco administrativo nacional y su capacidad para fiscalizar las importaciones previas a su ensamblaje o transformación en territorio colombiano, se espera que las autoridades en Washington emitan la resolución que restaure el gravamen a cero. El gremio exportador permanece atento a este pronunciamiento diplomático, el cual representará una ventaja competitiva fundamental para restablecer los márgenes operativos de miles de talleres, fábricas y comercializadoras nacionales.
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