Disidencias amenazan a tres alcaldes en Antioquia y el gobernador exige ofensiva militar al Gobierno
Seguridad

Disidencias amenazan a tres alcaldes en Antioquia y el gobernador exige ofensiva militar al Gobierno

Sep 8, 2026

Las disidencias armadas declararon como objetivo militar a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos. El gobernador Andrés Julián Rendón pidió al presidente una intervención decidida de la fuerza pública.

La violencia de las disidencias armadas volvió a sembrar zozobra en las subregiones del departamento de Antioquia tras conocerse una grave intimidación directa contra mandatarios locales en ejercicio. El gobernador seccional, Andrés Julián Rendón, denunció públicamente que las estructuras irregulares bajo el mando de alias Calarcá emitieron mensajes amenazantes en los cuales declaran objetivo militar a tres alcaldes municipales, extendiendo las advertencias de ataques hacia líderes comunales y servidores públicos de esas localidades.

El pronunciamiento oficial precisó que las amenazas recaen directamente sobre Luis Bernardo Molina Granda, mandatario de Santa Rosa de Osos; Ana Isabel Avendaño Duque, alcaldesa de Carolina del Príncipe; y Luis Guillermo Pérez, burgomaestre de Gómez Plata. Las tres poblaciones, ubicadas en las subregiones Norte y Nordeste, han registrado durante el último año una fuerte confrontación entre actores ilegales que buscan dominar los corredores estratégicos para el tráfico de rentas ilícitas y la minería informal.

Gobernación exige ofensiva de la fuerza pública contra las disidencias

Frente a la escalada de intimidaciones sobre los mandatarios locales, Rendón lanzó una alerta sobre el riesgo institucional que afrontan los municipios: “pretenden declarar objetivo militar a ciudadanos, líderes y servidores públicos”. El gobernante departamental enfatizó que la administración seccional no dejará desamparados a los alcaldes y reiteró la necesidad de que las instituciones armadas desplieguen esquemas de protección perimetral permanentes tanto en los cascos urbanos como en los desplazamientos rurales de los funcionarios.

Asimismo, el mandatario seccional solicitó una intervención enérgica por parte del Gobierno Nacional que encabeza Abelardo de la Espriella para desarticular estos reductos armados ilegales. Al respecto, el mandatario afirmó: “Toda la capacidad del Estado debe rodearlos y garantizar que puedan gobernar sin intimidaciones de criminales”, insistiendo en que las tropas del Ejército y la Policía deben avanzar de manera frontal contra las facciones que operan bajo el mando de alias Calarcá en el territorio antioqueño.

Los antecedentes en la zona evidencian la gravedad de las amenazas proferidas por las disidencias guerrilleras. En Carolina del Príncipe la comunidad aún recuerda el atentado terrorista perpetrado con artefactos explosivos en mayo pasado contra un establecimiento comercial en el parque principal, hecho que dejó daños estructurales de consideración. A esta estructura también se le atribuye el derribo de un helicóptero institucional en Amalfi en agosto de 2025, acción en la que perdieron la vida 13 uniformados de la Policía Nacional.

Por otra parte, los informes de inteligencia militar señalan que estos grupos armados han sufrido fracturas internas y reacomodos territoriales frente al avance del Clan del Golfo. En municipios vecinos como Briceño, antiguos cabecillas de las disidencias abandonaron sus filas para integrarse a estructuras paramilitares enemigas, situación que ha agudizado los enfrentamientos armados y las presiones coercitivas sobre las comunidades campesinas y las autoridades legalmente constituidas.

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El gobernador de Antioquia insistió en que la seguridad democrática debe restablecerse mediante operaciones sostenidas de control territorial y no a través de concesiones a grupos que persisten en la extorsión y el terrorismo. Mientras los comités de seguridad evalúan medidas adicionales para blindar a los alcaldes en sus despachos, los habitantes del Norte y Nordeste demandan una mayor presencia de uniformados para evitar nuevas alteraciones del orden público.

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