Amenazas del Frente 36 encienden alarmas en Antioquia: Gobernación exige medidas urgentes a Mindefensa
Las disidencias del Frente 36 declararon objetivo militar a tres mandatarios del Norte antioqueño. La Secretaría de Seguridad de Antioquia exigió al Ministerio de Defensa un plan de ocho puntos para blindar a las autoridades locales.
Las intimidaciones y amenazas emitidas por las disidencias armadas en el departamento de Antioquia derivaron en una compleja crisis institucional que movilizó a los organismos de seguridad seccionales. A través de un panfleto intimidatorio atribuido a la autodenominada Compañía Arnulfo Castellanos, adscrita al Frente 36 del Estado Mayor Central, los cabecillas de esa estructura ilegal declararon como objetivo militar a los alcaldes en ejercicio de los municipios de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, extendiendo la coacción armada hacia líderes comunitarios, funcionarios públicos e integrantes de la Fuerza Pública.
El panfleto ilegal, difundido en los primeros días de septiembre de 2026, pretende justificar las acciones bélicas bajo el señalamiento infundado de supuestas colaboraciones institucionales con bandas criminales rivales en la subregión. Ante esta arremetida que atenta contra el orden democrático y la autonomía territorial, la administración departamental radicó un requerimiento urgente ante el despacho del ministro de Defensa para exigir una intervención decidida y coordinada de las tropas estatales.
Plan de contingencia y exigencias de la Gobernación ante las amenazas
La respuesta institucional estuvo encabezada por el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, el general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien remitió una comunicación formal al Gobierno Nacional solicitando capacidades extraordinarias para blindar las zonas en riesgo. La Gobernación planteó una matriz estratégica estructurada en ocho medidas prioritarias, comenzando con una valoración pericial urgente del nivel de riesgo sobre los mandatarios amenazados y el reforzamiento técnico de los esquemas de protección personal y de las sedes administrativas municipales.
Asimismo, la administración territorial instó al despliegue de brigadas especializadas de inteligencia y contrainteligencia militar para desarticular la red de finanzas de la estructura armada y ubicar a los autores materiales de los panfletos. El documento hace especial énfasis en fortalecer el componente investigativo de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación, garantizando un incremento en los patrullajes diurnos y nocturnos sobre los corredores estratégicos que conectan el Norte con el Nordeste antioqueño, complementado con mayor apoyo aerotáctico y movilidad terrestre para las tropas de control militar de área.
Perfil de los mandatarios locales en la mira de las disidencias
El riesgo latente recae sobre tres administraciones que han enfrentado abiertamente las finanzas ilícitas en sus jurisdicciones. En Santa Rosa de Osos, el mandatario Luis Bernardo Molina Granda ha liderado consejos de seguridad descentralizados en corregimientos como San Pablo para contrarrestar las extorsiones al sector lechero y ganadero, gestionando recompensas contra extorsionistas locales. Por su parte, la alcaldesa de Carolina del Príncipe, Ana Isabel Avendaño Duque, quien ejerce su segundo periodo con experiencia previa en la rama judicial e inspecciones policiales, ha mantenido una estricta línea de legalidad frente a los intentos de cooptación institucional por parte de los grupos ilegales.
El panorama se extiende al municipio de Gómez Plata, donde su alcalde, Luis Guillermo Pérez Echeverri, quien además integra el Consejo Directivo de la corporación ambiental Corantioquia, representa un liderazgo articulador en la subregión. Las presiones de los grupos alzados en armas buscan fracturear la coordinación institucional entre las alcaldías y la Gobernación, mientras los tres mandatarios continúan despachando y esperan que el despliegue extraordinario de las Fuerzas Militares garantice la gobernabilidad y la tranquilidad ciudadana en sus comunidades.
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La situación de seguridad en el norte del territorio antioqueño continúa bajo un monitoreo pericial estricto por parte de los organismos de policía judicial, mientras se verifica la procedencia de los panfletos. La comunidad y las agremiaciones cívicas insisten en que la presencia activa del Estado es la única garantía para evitar que los grupos delincuenciales impongan su ley mediante el miedo y el constreñimiento a las autoridades democráticas.
