Investidura de congresistas queda a salvo tras fallo definitivo del Consejo de Estado por donaciones viales
Investidura de los congresistas que aportaron recursos a la colecta cívica por las vías de Antioquia fue ratificada por el Consejo de Estado. El alto tribunal negó en segunda instancia la pérdida de sus curules al descartar la celebración indebida de contratos.
La investidura de los parlamentarios que sumaron recursos económicos a la iniciativa departamental de infraestructura quedó blindada de forma definitiva ante la máxima instancia de lo contencioso administrativo. En un fallo de segunda instancia correspondiente al radicado 11001-03-15-000-2024-01495-01, la Sala Plena del Consejo de Estado desestimó en su totalidad las pretensiones de una demanda ciudadana que exigía despojar de su dignidad política a ocho legisladores que consignaron aportes a la denominada colecta ciudadana impulsada para financiar obras viales estratégicas en el territorio antioqueño.
La acción jurídica inicial había sido radicada por el abogado independiente Carlos Mario Patiño González, oriundo del municipio de Copacabana, quien argumentó que los aportes individuales de un millón de pesos configuraban una causal insalvable de inhabilidad. El demandante señalaba que, al responder a la convocatoria reglamentada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a partir de una propuesta formulada originalmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los dirigentes habían suscrito convenios prohibidos con entidades estatales.
El Consejo de Estado y el análisis sobre la investidura congresional
En la exposición de motivos, el accionante sostuvo que los funcionarios “suscribieron un contrato de donación con el departamento de Antioquia, teniendo en cuenta que, según el Decreto 2024070001536 de 2024, expedido por el gobernador de Antioquia, los dineros recibidos en virtud de dicha recaudación serían a título de donación”. Bajo ese razonamiento legal, se pretendía demostrar una supuesta transgresión al régimen estricto de inhabilidades e incompatibilidades consagrado en el artículo 180 de la Constitución Política, norma que prohíbe de manera expresa a los miembros del Congreso gestionar o celebrar acuerdos contractuales con entidades públicas.
Sin embargo, tras el análisis exhaustivo de los comprobantes bancarios y los decretos seccionales, los magistrados determinaron que la entrega de recursos voluntarios no comportó un negocio jurídico bilateral ni representó contraprestación alguna en favor de los donantes. El tribunal colegiado concluyó que la simple transferencia ciudadana no encuadra dentro de las causales sancionatorias de pérdida de curul, ratificando íntegramente la providencia proferida en primera instancia y descartando cualquier inhabilidad sobrevenida.
El proceso vinculó directamente a figuras parlamentarias como Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Espinal, Hernán Cadavid, Jhon Jairo Berrío y Julián Peinado. Pese a que legisladores como Valencia, Cabal y Cadavid solicitaron meses atrás la restitución formal de su dinero ante la Secretaría de Hacienda de Antioquia para disipar controversias accesorias, el pronunciamiento de la judicatura cerró el debate de fondo respecto a la legalidad de sus conductas cívicas.
Los fondos recaudados mediante esta campaña solidaria superaron los 5.000 millones de pesos al momento de su cierre operativo. Aunque la meta inicial aspiraba a consolidar un billón de pesos frente a los recortes presupuestales del nivel central, la bolsa acumulada fue asignada al avance del megaproyecto del Túnel del Toyo, focalizando las inversiones en la construcción de galerías de rescate y túneles auxiliares de evacuación.
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Con este veredicto inapelable concluye uno de los episodios jurídicos más sonados en torno al financiamiento cívico de la infraestructura departamental. Los parlamentarios conservarán sus investiduras y sus plenos derechos políticos, mientras los frentes de obra en el occidente antioqueño continúan ejecutando los recursos para conectar al departamento con los puertos marítimos de la región.
