juicio a Daniel Quintero: pliego oficial para 2026
Política Seguridad

juicio a Daniel Quintero: pliego oficial para 2026

Nov 3, 2026

El juicio a Daniel Quintero comenzó formalmente luego de que el Ministerio Público formulara pliego de cargos por presuntas irregularidades en Bogotá. La autoridad busca establecer si el exfuncionario utilizó su investidura en el sector público para favorecer una campaña electoral durante los comicios nacionales.

La Procuraduría General determinó abrir este proceso tras evaluar las actuaciones del exmandatario local cuando ejercía como superintendente nacional de Salud en el gobierno de Gustavo Petro. Según el órgano de control, la conducta investigada configuraría una presunta vulneración a los deberes de neutralidad exigidos a los servidores estatales.

¿Qué originó el proceso disciplinario del exsuperintendente?

El caso se remonta al 21 de junio, fecha en la que se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. En esa jornada democrática, el entonces funcionario público asistió al teatro Royal Center de la capital, lugar desde el cual concedió declaraciones a un medio digital tras conocerse los resultados preliminares oficiales.

A través de un video difundido en redes sociales, el exfuncionario emitió juicios de valor sobre los candidatos en contienda, lo que desencadenó el actual juicio a Daniel Quintero. La entidad disciplinaria considera que su intervención pública buscó favorecer directamente la aspiración de Iván Cepeda frente a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

En el material audiovisual recopilado dentro del expediente, el investigado manifestó contar con herramientas estadísticas propias para medir el comportamiento del electorado. De acuerdo con el ente de vigilancia, estas declaraciones constituyeron una indebida participación en política que contraviene los principios éticos de la función administrativa.

Motivos del juicio a Daniel Quintero por las elecciones de 2026

El pliego acusatorio sostiene que el exservidor quebrantó preceptos normativos al tomar partido en plena jornada de votaciones. A juicio del órgano de control, el procesado presuntamente violó postulados fundamentales de transparencia, moralidad e imparcialidad que rigen el ejercicio público en Colombia.

Durante la entrevista concedida al portal La Razón.co, el exsuperintendente señaló de manera textual: “Lo que tengo certeza es que los votos están en las urnas, hay que ir a buscarlos, porque ahí están; yo tengo unos sistemas de medición que me permitieron incluso, anticipar que Abelardo nos iba a ganar en primera vuelta, pero en esta, los números daban completamente al revés y los votos están ahí, tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente”.

Frente a tales aseveraciones, la Procuraduría General calificó la presunta falta de forma provisional como gravísima a título de dolo. Esta tipificación resalta el conocimiento previo de la prohibición legal que tienen los funcionarios respecto a cualquier clase de participación en política.

Cuestionamientos al preconteo y mesas de votación

Otro elemento clave que alimenta el juicio a Daniel Quintero corresponde a sus afirmaciones sobre las actas de escrutinio. Al ser consultado sobre las reclamaciones que planeaba presentar el candidato de la izquierda, el exfuncionario respaldó públicamente la intención de revisar los sufragios depositados.

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La campaña electoral había anunciado inicialmente la impugnación de 57.000 mesas por presuntas inconsistencias. Ante este escenario, el entonces superintendente aseguró que se debían articular esfuerzos operativos para controvertir los resultados emitidos por la Registraduría Nacional.

En esa ocasión, el dirigente afirmó: “Eso toca desde hoy, desde hoy toca armar todos los equipos, entendemos que ya hay miles de actas que van a ser impugnadas porque hay irregularidades en ellas, y vamos a dar la pela, la pelea es peleando”. Para el organismo fiscalizador, promover estas acciones mientras se ocupa un alto cargo gubernamental representa un claro indicio de injerencia proselitista.

Antecedentes disciplinarios y sanciones previas

Este nuevo juicio a Daniel Quintero no es el primer señalamiento disciplinario que afronta por conductas similares en su trayectoria pública. En mayo de 2022, mientras ocupaba la Alcaldía de Medellín, fue suspendido temporalmente por el ente de control debido a su presunta intromisión en la contienda de ese año.

En aquel momento, el órgano sancionatorio dispuso una inhabilidad especial por un lapso de seis meses. La decisión se fundamentó en una serie de pronunciamientos y grabaciones en plataformas virtuales donde el exmandatario empleaba mensajes indirectos para respaldar al Pacto Histórico.

Entre las pruebas evaluadas en 2022 figuró un video grabado en un automóvil donde pronunciaba la frase “el cambio, en primera”. Además, el ente disciplinario analizó publicaciones en las que exhibía su voto en consultas interpartidistas y pedía un reconteo de sufragios en favor de su sector afín, hechos que fueron catalogados como una reiterada participación en política.

Implicaciones del proceso y siguientes pasos

El desarrollo del juicio a Daniel Quintero se integra a múltiples expedientes disciplinarios abiertos contra antiguos colaboradores de la administración nacional por su rol en los comicios. Aunque el candidato Iván Cepeda se posicionó como una de las opciones fuertes en las urnas, finalmente no alcanzó la victoria en la segunda vuelta presidencial.

Con la notificación formal de los cargos formulados por la Procuraduría General, la defensa técnica del exfuncionario dispondrá de los términos establecidos por la ley para presentar descargos y solicitar las pruebas pertinentes. Durante esta etapa procesal se determinará si los argumentos exculpatorios desvirtúan la imputación inicial.

En caso de confirmarse la responsabilidad en el marco del juicio a Daniel Quintero, las sanciones podrían incluir inhabilidades adicionales para ejercer funciones dentro de la administración pública. El caso continuará bajo la lupa de los entes reguladores para garantizar que la función estatal se mantenga ajena a disputas partidistas en las elecciones presidenciales de 2026.

Fuente: elcolombiano.com

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