Un informe de la DNI revela 5 alertas de seguridad

El informe de la DNI elaborado en julio de 2026 documenta una serie de presuntas irregularidades operativas, financieras y de espionaje ocurridas durante la administración de Gustavo Petro en Colombia. El documento oficial de empalme, dirigido a la nueva dirección del organismo, reúne testimonios de funcionarios internos sobre seguimientos clandestinos e intentos de interferencia institucional.

¿Qué irregularidades revela el informe de la DNI?

El texto de 26 páginas detalla maniobras de contrainteligencia que habrían vulnerado los límites legales de la agencia estatal. Entre los puntos más sensibles sobresale la presunta instalación de micrófonos y dispositivos de geolocalización satelital en los automotores asignados a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes del país.

Para facilitar estas actividades de vigilancia encubierta, el gobierno previo expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026. Esta norma integró formalmente a la entidad en la asignación del transporte oficial blindado, lo que habría permitido intervenir los vehículos con equipos técnicos de escucha y rastreo sin el consentimiento de los protegidos.

Asimismo, el informe de la DNI expone la existencia de una sede secreta que funcionó a escasos metros de la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Dicho inmueble nunca figuró en los registros oficiales de la institución, fue desocupado tras las votaciones y todos los datos sobre sus operaciones habrían sido eliminados de los archivos.

Espionaje internacional y alteración electoral

Otro aspecto crítico involucra la recepción de tecnología procedente del exterior para labores reservadas. Funcionarios de la agencia viajaron a Moscú para participar en jornadas de capacitación dictadas por el servicio secreto de Rusia, el SVR, donde recibieron teléfonos y computadores portátiles. Las alertas internas advierten que estos aparatos podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas estatales.

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En el plano comicial, el informe de la DNI vincula al ingeniero Carlos Oyola con maniobras destinadas a alterar los resultados en las elecciones presidenciales de 2026. Oyola, quien ingresó a la institución en febrero de 2024, fue señalado de coordinar redes digitales, bodegas informáticas y piratas digitales para perpetrar ataques contra los sistemas de la Registraduría.

Sobre el contratista pesaba una orden de captura vigente desde el 7 de mayo de 2026 y había logrado eludir una diligencia judicial de la Fiscalía horas antes de la primera vuelta. El especialista afronta cargos por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir por presuntamente alterar calificaciones en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Los testimonios recopilados señalan además una flexibilización en los filtros de contratación, mediante la cual cerca de 300 personas ingresaron a la entidad sin presentar la prueba de polígrafo, incluyendo a exmilitantes del M-19 con antecedentes judiciales.

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Cuestionamientos sobre compras y contratos de la DNI

La gestión presupuestal también quedó bajo la lupa debido a adquisiciones de alto costo que presentaron fallas técnicas o sobrecostos notables. De acuerdo con el informe de la DNI, una de las compras más onerosas correspondió a un helicóptero no tripulado por un valor de $9.000 millones, el cual sufrió un siniestro operacional en marzo de 2026.

Dicho dron contaba con especificaciones técnicas que incluían un alcance de 600 kilómetros y autonomía de seis horas para labores de recolección de información. A estas adquisiciones se suman compras de camionetas blindadas Tahoe y dispositivos antidrones por $8.340 millones, sobre los cuales se verifica si tenían capacidad para interceptar comunicaciones privadas.

Entre los contratos de la DNI que registraron inconsistencias operativas se encuentran:

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• Un sistema biométrico facial, dactilar y de iris adquirido por $580 millones en 2022, el cual nunca pudo implementarse por incompatibilidad técnica.
• Un lote de 595 computadores comprado en 2024 por $1.314 millones que presentó problemas de calidad.
• La dotación de oficinas en Funza suscrita en 2026 por $1.549 millones, que incluyó atriles de $14 millones y camas de $18 millones en una obra con retraso.
• La desatención de la plataforma para registrar misiones, suspendida desde 2024 por falta de renovación contractual.

Antecedentes y próximos pasos en la investigación

Frente a las alertas descritas, la Contraloría General ordenó una revisión prioritaria sobre cinco convenios que suman cerca de $20.783 millones. El organismo de control fiscal busca determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial derivado de los recursos ejecutados por la entidad de inteligencia.

El contenido del informe de la DNI coincide con testimonios de funcionarios que describieron la entidad como un fortín burocrático que descuidó la producción de inteligencia estratégica para proteger al país. Con la llegada de Jorge Zuluaga a la dirección, la institución busca esclarecer la alteración en los esquemas de seguridad y recuperar la coordinación con agencias extranjeras.

Las autoridades judiciales avanzarán en las investigaciones para determinar el alcance real de los supuestos ciberataques durante las elecciones presidenciales de 2026 y verificar las responsabilidades individuales. A medida que avance la auditoría fiscal, las dependencias competentes definirán las sanciones pertinentes sobre las irregularidades registradas en el informe de la DNI.

Fuente: elcolombiano.com