Acuerdo de Paz: el balance necesario tras 10 años
El Acuerdo de Paz no es el causante del recrudecimiento de la violencia territorial en Colombia, sino el retraso en el cumplimiento de los compromisos asumidos, según afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, este año en Bogotá durante la conmemoración de una década de la firma del pacto con las antiguas Farc.
Durante la ceremonia realizada en la sede de la Defensoría del Pueblo, la funcionaria subrayó que las reformas estructurales acordadas son indispensables para frenar los ciclos de confrontación armada. En su intervención, recalcó que la solución radica en acelerar la transformación del campo y garantizar la seguridad en las regiones marginadas.
Los avances históricos del Acuerdo de Paz
Al evaluar los resultados concretos del proceso, Marín recordó que las antiguas Farc dejaron de operar como organización armada. Un total de más de 13.000 personas entregaron su armamento para reincorporarse a la sociedad civil bajo el marco legal del país.
Asimismo, los informes oficiales confirman que 37 toneladas de material bélico fueron retiradas de las distintas zonas donde operaba la guerrilla. En la actualidad, cerca de 11.000 excombatientes continúan de forma activa dentro del proceso de reincorporación institucional.
Lee también: Black Friday en Colombia 2026 y compras con seguridad
A estos indicadores se suma un cambio sensible en los niveles de agresión armada durante los primeros años posteriores a la firma. Diversos registros de la Comisión de la Verdad y del centro de pensamiento Pares constataron que los homicidios y las personas heridas por el conflicto cayeron más del 50 %, alcanzando en 2017 mínimos históricos de letalidad.
- Los secuestros registraron una reducción del 70 % entre los años 2012 y 2019.
- Los ataques dirigidos contra la infraestructura nacional descendieron un 81,2 % en el periodo comprendido entre 2013 y 2017.
- Las acciones violentas letales contra miembros de la fuerza pública bajaron un 74,6 % entre enero de 2011 y agosto de 2021.
¿Por qué persiste la violencia en las regiones?
La máxima representante del organismo humanitario descartó que la situación de inseguridad actual obedezca a los compromisos suscritos. A su juicio, la causa central radica en la lentitud para ejecutar medidas sobre acceso a tierras, erradicación de cultivos ilícitos y apertura democrática en los territorios vulnerables.
Marín explicó que el fenómeno corresponde a una transformación y reciclaje de viejas dinámicas criminales. Como ejemplo, señaló que el Clan del Golfo surgió a partir de estructuras ligadas a las antiguas autodefensas y extendió su presencia territorial gracias a rentas ilegales que van más allá del narcotráfico, incluyendo la minería ilegal.
Lee también: Paso histórico en la presidencia de la Andi tras 82 años
De acuerdo con el monitoreo defensorial, más de un tercio de las localidades del territorio nacional cuenta actualmente con alertas tempranas activas por riesgos inminentes contra la población civil. En estas zonas persisten homicidios de líderes, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento infantil y ataques contra firmantes del Acuerdo de Paz.
El deber ético con las víctimas y la reconciliación
La defensora sostuvo que la profunda brecha entre las urbes y las áreas rurales constituye el factor más determinante para que la conflictividad continúe. Frente a este panorama, indicó que el Estado mantiene una deuda pendiente con las comunidades y las personas afectadas por el conflicto.
En su mensaje hacia los antiguos mandos guerrilleros, Marín reclamó un arrepentimiento genuino y tangible frente a las víctimas del conflicto armado. Subrayó que los firmantes deben asumir de manera abierta su responsabilidad sobre las afectaciones causadas durante las décadas de hostilidades.
Lee también: Nuevo viaje a Lima de Primera Dama para 2026
La funcionaria enfatizó que ningún sector político es dueño único del proceso de pacificación. Recordó que el mandato de implementar el Acuerdo de Paz fue gestionado con distintas visiones por Iván Duque y Gustavo Petro, y permanece como un desafío prioritario para la administración de De la Espriella.
Próximos pasos para consolidar el proceso
La Defensoría del Pueblo insistió en que el debate democrático sobre el rumbo de las políticas públicas debe concentrarse en soluciones efectivas para la ciudadanía de las zonas rurales. Los gobiernos tienen la facultad de ajustar los programas que presenten fallas, pero no de abandonar sus deberes legales.
Para la entidad, la existencia de amenazas en diversas regiones no desacredita el pacto alcanzado, sino que refuerza la urgencia de profundizarlo. La estabilidad a largo plazo dependerá de que las autoridades cumplan cabalmente con cada punto del Acuerdo de Paz y garanticen una presencia estatal integral.
Fuente: eltiempo.com
