Avalúos catastrales: reclamo claro para frenar 3 normas
Los avalúos catastrales vuelven al centro de la discusión pública en Colombia luego de que el representante a la Cámara Daniel Briceño solicitara de manera formal al Gobierno nacional la anulación de tres medidas administrativas vigentes. El congresista advirtió sobre la urgencia de frenar cobros desmedidos que afectan a propietarios urbanos y rurales antes de comenzar el próximo periodo fiscal.
El debate sobre los avalúos catastrales y el cobro municipal
El representante por Bogotá, perteneciente al Centro Democrático, respaldó públicamente los recientes pronunciamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez en torno a la carga económica que representan estos incrementos. De acuerdo con el legislador, es fundamental corregir la forma en que se liquidan los avalúos catastrales antes de que las administraciones locales expidan las facturas correspondientes a la vigencia de 2027.
Uribe Vélez anunció que los congresistas de su colectividad insistirán ante el Ejecutivo y las demás fuerzas parlamentarias para avanzar en un proyecto de ley que mitigue el impacto financiero sobre la ciudadanía. El exmandatario calificó la situación actual como una pesada carga para los dueños de inmuebles y advirtió que los cobros en varios departamentos han adquirido un carácter confiscatorio.
Ante este panorama, Briceño enfatizó que la controversia en torno a los avalúos catastrales no es exclusiva de las grandes ciudades, sino que golpea con fuerza a los habitantes de las zonas rurales. Los reclamos señalan que muchos contribuyentes carecen de ingresos suficientes para asumir incrementos tributarios tan abruptos en sus predios.
¿Cuáles son las tres medidas que se busca derogar?
A través de una declaración en video difundida en redes sociales, el congresista hizo un llamado directo al presidente Abelardo De La Espriella para que intervenga de inmediato. En su mensaje, sostuvo que la ciudadanía no tolera un año más de alzas desmedidas en el impuesto predial y cuestionó el proceso de actualización catastral que se adelantó en 527 municipios.
Dichas modificaciones territoriales se llevaron a cabo bajo los parámetros establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del mandato anterior. Según detalló el representante, se han identificado casos donde los ajustes superan el 1.000 %, lo que a su juicio demuestra que los cálculos fueron erróneos, confiscatorios y expropiatorios.
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Por estos motivos, la petición elevada al Gobierno exige derogar tres resoluciones del IGAC que sustentan la metodología y las tarifas aplicadas:
- La Resolución 1912 de 2024, que definió las bases metodológicas para llevar a cabo los reajustes en los predios.
- La Resolución 2144 de 2024, que determinó los incrementos aplicables para la vigencia fiscal de 2025.
- La Resolución 2057 de 2025, mediante la cual se establecieron incrementos automáticos en los municipios intervenidos.
La eliminación de este conjunto normativo busca frenar los efectos acumulativos que los avalúos catastrales continúan generando en la economía de los hogares colombianos.
Plazos y respaldos en el Congreso para aliviar el impuesto predial
El representante alertó que el margen de maniobra institucional es sumamente estrecho debido a la proximidad del cierre del año. Su solicitud establece que el Ejecutivo debe suspender o revocar los actos administrativos antes del 31 de diciembre, evitando que los mandatarios locales liquiden el impuesto predial con las fórmulas vigentes.
La iniciativa no se limita a una postura individual, pues Briceño aseguró que el documento cuenta con las firmas de representantes a la Cámara de diversos sectores políticos. Según los promotores de la medida, una revisión profunda de los avalúos catastrales resulta indispensable para restablecer el equilibrio tributario y brindar tranquilidad a los contribuyentes.
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En las próximas semanas se espera que más integrantes del Legislativo respalden la solicitud, considerando que el descontento ciudadano abarca múltiples regiones del país. Los congresistas firmantes buscan que la presión coordinada permita revisar los avalúos catastrales y dejar sin piso las resoluciones del IGAC antes de que comience el nuevo calendario de cobros.
Contexto político y próximos pasos frente a las promesas de campaña
El reclamo legislativo también trajo a colación las promesas formuladas durante la campaña presidencial por el actual mandatario y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Briceño recordó que ambos líderes se comprometieron a atender las fallas de la actualización catastral y a responder a las quejas ciudadanas por cobros injustos.
Para los sectores que impulsan la derogación, el cumplimiento de dicha palabra representa una prueba crucial frente a la gestión tributaria nacional. En su intervención, Briceño recalcó que los propietarios no aguantan más un periodo de facturación bajo condiciones que consideran lesivas para su patrimonio.
La resolución de este conflicto dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno central en los últimos días del año, cuando venza el plazo fijado por los legisladores. Una modificación oportuna en las reglas que rigen los avalúos catastrales podría definir si los contribuyentes reciben cobros moderados o si enfrentan un nuevo ciclo de reclamos fiscales.
Fuente: semana.com


