Miguel Quintero: nuevo fallo frena su traslado en 2026
Miguel Quintero continuará recluido en el departamento de Boyacá tras la determinación del Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín, despacho que declaró improcedente una acción judicial que buscaba remitirlo a un centro penitenciario en Antioquia este 18 de noviembre.
La decisión judicial frena un intento externo por modificar el sitio donde el procesado cumple su medida de aseguramiento. El recurso legal había sido impulsado por una veeduría ciudadana con el propósito de gestionar un cupo en una prisión cercana a su entorno familiar, pero la autoridad concluyó que la petición carecía de sustento legal.
La improcedencia de la acción de tutela
El pronunciamiento del Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral se produjo luego de evaluar la acción de tutela promovida por Cecilia Quiroz en calidad de representante de la Veeduría Ciudadana Dignidad y Derechos Humanos. La demandante afirmó intervenir de forma directa y como agente oficiosa del procesado para requerir la protección de garantías esenciales.
Entre los derechos invocados en el escrito se encontraban la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la seguridad, la igualdad y la unidad familiar. Asimismo, la solicitud hacía énfasis en el bienestar de la hija menor de edad del detenido y en la necesidad de preservar el vínculo paterno filial durante el cumplimiento de la detención preventiva.
No obstante, la jueza determinó que en esta controversia no se cumplía el principio de legitimación en la causa por activa. Esta figura procesal exige demostrar la facultad legal o la autorización expresa para interponer reclamos judiciales a nombre de otra persona. Al no acreditarse dicha representación sobre Miguel Quintero, el juzgado procedió a desestimar las pretensiones.
El expediente refleja que el juzgado había admitido el recurso el pasado 9 de noviembre de 2026, momento en el cual negó una medida provisional y solicitó informes al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Tras revisar las respuestas y los documentos allegados, la autoridad judicial concluyó el trámite con la declaratoria definitiva de improcedencia.
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¿Por qué la Gobernación rechazó recluirlo en Yarumito?
Esta determinación judicial coincide temporalmente con otra negativa en el plano administrativo. El pasado 6 de noviembre, la Secretaría de Seguridad de Antioquia respondió de forma desfavorable a una petición radicada por Felipe Alzate Gómez, quien ejerce la defensa técnica de Miguel Quintero.
El jurista había solicitado un espacio en la cárcel departamental Yarumito, situada en el municipio de Itagüí. Sin embargo, la administración seccional argumentó que el solicitante no reunía las exigencias fijadas en el reglamento para acceder a dicho establecimiento bajo la causal de vinculación con la administración pública.
El departamento aclaró que los delitos atribuidos en la investigación están ligados a la contratación estatal, pero esa condición no demuestra que el procesado fuera servidor público al momento de suscitarse los hechos. De igual forma, se desestimó que su lazo de consanguinidad con el exalcalde Daniel Quintero pudiera otorgarle tal categoría o ser un justificante legal para un cupo penitenciario preferente.
A estos elementos se sumó un concepto técnico de seguridad sobre la infraestructura carcelaria regional. La Gobernación puntualizó las siguientes razones operativas para descartar el traslado:
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- El penal de Yarumito funciona bajo un esquema catalogado de seguridad mínima.
- El establecimiento carece de las condiciones logísticas y de custodia requeridas para atender el nivel de riesgo reportado por el propio abogado defensor.
- La reglamentación interna restringe el ingreso de personas privadas de la libertad que no certifiquen la calidad de exfuncionarios estatales.
Reacciones desde el Concejo de Medellín
El pronunciamiento emitido en los estrados judiciales generó repercusiones políticas locales. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, cuestionó el mecanismo utilizado por la veeduría y señaló que la representante legal no contaba con la personería necesaria para actuar en favor del detenido.
De Bedout indicó que, según la información pública disponible, el defensor formal de Miguel Quintero no tenía conocimiento sobre la interposición de esa acción de tutela. El concejal criticó que se pretendiera canalizar un cupo en la cárcel La Paz de Itagüí bajo condiciones especiales y recalcó que el investigado debe someterse a las normas generales del sistema penitenciario sin tratos diferenciados por su apellido.
Antecedentes y situación en la cárcel El Barne
La permanencia del procesado en la cárcel El Barne comenzó el 30 de octubre. En esa fecha se materializó su traslado hacia el municipio de Cómbita luego de que un juez penal de segunda instancia revocara la detención domiciliaria de la que gozaba y ordenara su encarcelamiento formal en una institución de máxima seguridad.
El proceso penal que enfrenta Miguel Quintero se deriva de presuntas anomalías detectadas en 6 contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante los años 2020 y 2021.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. El organismo investigador sostiene que estas irregularidades habrían provocado una afectación económica que supera los 2.481 millones de pesos a los recursos públicos, motivo por el cual mantendrá su reclusión en Boyacá mientras avanzan las diligencias judiciales.
Fuente: elcolombiano.com


