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Los operativos de la fuerza pública aumentaron de intensidad tras la muerte de alias Bendito Menor. Los organismos de seguridad verifican posibles sucesores en el grupo armado y blindan las vías ante eventuales alteraciones de orden público.
Los operativos desplegados por las fuerzas de seguridad del Estado entraron en una fase de máxima alerta tras las acciones tácticas que concluyeron con la muerte de uno de los cabecillas de mayor relevancia en el mapa delincuencial de la costa norte colombiana. Luego de registrarse el fallecimiento de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido en el ámbito criminal bajo el alias de Bendito Menor, los organismos de inteligencia concentran sus capacidades operativas en evitar acciones de represalia armada y en contener los reacomodos al interior de las estructuras armadas que delinquen en esa franja territorial.
El extinto cabecilla fungía como el principal dinamizador del frente Javier Cáceres, ala militar subordinada a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), agrupación que mantiene presencia armada ilegal en los corredores de la Alta Guajira y el litoral caribeño. Su deceso se produjo durante una confrontación con un comando élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), hecho que encendió las alertas institucionales por posibles confrontaciones internas para copar los mandos vacantes.
Inteligencia verifica líneas de mando en medio de operativos de control
La Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) avanza en la verificación sobre al menos tres perfiles que emergen como posibles reemplazos para asumir la comandancia de la facción armada. Mientras se confirman las identidades de quienes buscan reorganizar las líneas de mando, las autoridades coordinaron un refuerzo del pie de fuerza en las cabeceras urbanas y zonas rurales adyacentes para disipar cualquier riesgo de alteración a la tranquilidad ciudadana durante las honras fúnebres del cabecilla en Riohacha.
El comandante del Departamento de Policía de La Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, se refirió al objetivo del blindaje institucional: “Nuestra prioridad es que los habitantes de La Guajira se sientan seguros y tengan la certeza de que su Policía está presente, trabajando cada día para protegerlos”. El oficial agregó de manera enfática que continuarán “fortaleciendo estos controles de manera articulada con las demás autoridades, porque la seguridad y la convivencia son una responsabilidad de todos”, ratificando que el despliegue se mantendrá de manera ininterrumpida.
La articulación en terreno comprende patrullajes mixtos con participación del Ejército Nacional, delegaciones especializadas del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y destacamentos del Gaula, cubriendo los 15 municipios de la península. Puntos de control vial permanentes en zonas estratégicas como Uribia han permitido intensificar la revisión de antecedentes, el registro minucioso de automotores y la fiscalización en establecimientos abiertos al público.
Resultados de las acciones preventivas y panorama institucional
Las primeras jornadas de inspección arrojaron la aprehensión de nueve ciudadanos señalados de diversos delitos, la expedición de 43 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como el decomiso de armas de tipo traumático, municiones de diverso calibre, sustancias ilícitas, automotores y cargamentos no amparados de carbón vegetal.
El cabecilla neutralizado figuraba dentro de los objetivos de alto valor para las instituciones armadas colombianas debido a su presunta vinculación con cobros forzados, redes de tráfico y homicidios selectivos en la subregión norte. Con el despliegue preventivo, los mandos militares buscan garantizar que el proceso de sepelio se desarrolle bajo estricto control perimetral y sin que se generen afectaciones colaterales hacia la población civil.
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