Por imputación de la JEP, nuevo llamado a 12 implicados
La imputación de la JEP atribuyó responsabilidades a los generales en retiro Mario Montoya y José Leonardo Gallego por no proteger a la población civil en Medellín durante operativos militares desarrollados entre 2001 y 2003, tras concluirse que existió connivencia estatal con estructuras paramilitares.
¿Qué implica la imputación de la JEP para los altos mandos?
El pronunciamiento judicial señala de forma directa al general en retiro Mario Montoya Uribe, quien comandó la IV Brigada del Ejército, y al brigadier general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón, antiguo comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Según la Sala de Reconocimiento, ambos oficiales tenían el deber de actuar como garantes de la seguridad ciudadana durante las intervenciones en la capital antioqueña.
Los magistrados establecieron que ambos comandantes incurrieron en una presunta omisión impropia al tolerar y no evitar vulneraciones contra los habitantes. De acuerdo con el expediente, esta imputación de la JEP no solo involucra a las dos cabezas visibles de la Fuerza Pública en la zona, sino que abarca a un total de 12 personas vinculadas institucionalmente a estos hechos.
Las operaciones militares investigadas en la Comuna 13
Las actuaciones analizadas forman parte del Caso 08, una línea de investigación que examina la asociación entre miembros del Estado y grupos paramilitares en el territorio nacional. En el ámbito local, la investigación abarcó unas 41 incursiones armadas ocurridas entre 2001 y 2003 en la Comuna 13, un sector del occidente medellinense fuertemente golpeado por la violencia.
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Entre los procedimientos bajo revisión destacan siete maniobras de gran envergadura conocidas como Otoño, Contrafuego, Metro, Mariscal y la Operación Orión. Esta última, ejecutada entre el 16 y el 23 de octubre de 2002, representó el despliegue urbano conjunto más grande realizado por el Ejército, la Policía Metropolitana, organismos de inteligencia y el extinto DAS. En la estructuración de este expediente, la imputación de la JEP recopiló información mediante la inspección de más de 200 expedientes judiciales y disciplinarios.
El magistrado Gustavo Adolfo Salazar explicó que el Estado poseía la obligación de intervenir frente al avance de milicias de las Farc, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo. Sin embargo, los operativos carecieron del debido cumplimiento de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad contemplados en el derecho internacional humanitario. Por esta razón, el tribunal determinó que la imputación de la JEP se fundamenta en afectaciones directas a ciudadanos inocentes.
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Nexos documentados con el Bloque Cacique Nutibara
La investigación del tribunal especial demostró la existencia de una estrecha cooperación en terreno entre las fuerzas institucionales y el Bloque Cacique Nutibara. Durante el proceso, los investigadores practicaron 150 diligencias judiciales, entre las que sobresalen 79 versiones voluntarias de uniformados y 71 testimonios aportados por víctimas y exparamilitares.
El magistrado Oscar Parra Vera precisó que los integrantes de las autodefensas no solo actuaron como informantes encubiertos, sino también como guías y colaboradores en las incursiones barriales. A partir de estas evidencias, la imputación de la JEP acreditó que los uniformados y los paramilitares se repartieron el control del territorio y coordinaron labores de inteligencia, lo que facilitó la posterior consolidación de estructuras ilegales en el occidente de Medellín.
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Asimismo, los hallazgos judiciales advierten que las autoridades estigmatizaron a la población civil, lo que desdibujó los límites entre combatientes y ciudadanos ajenos al conflicto. Bajo el mando de Montoya, la IV Brigada dirigió la conducción táctica, los allanamientos y el despliegue de tropas, mientras que la Policía de Gallego gestionó capturas e identificación de detenidos. Todo este cuadro probatorio sustenta la imputación de la JEP respecto a la omisión de los mandos en el control de sus tropas.
Próximos pasos procesales y posibles sanciones
Con la notificación formal de los cargos conocidos a finales de octubre, los comparecientes disponen de un término perentorio para definir su postura jurídica. Los implicados cuentan con un plazo de 15 días hábiles para decidir si aceptan o rechazan los señalamientos formulados por la Sala de Reconocimiento.
- En caso de aceptar los hechos, el proceso avanzará hacia una resolución de conclusiones y la imposición de sanciones restaurativas.
- Si los procesados rechazan su responsabilidad, el expediente pasará a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para un juicio adversarial.
- En caso de ser vencidos en juicio ante la UIA, los involucrados podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de cárcel ordinaria.
La resolución de esta imputación de la JEP definirá el rumbo de uno de los procesos judiciales más relevantes sobre la violencia urbana en Colombia. La respuesta que entreguen los generales y los demás implicados determinará si el caso concluye mediante la justicia restaurativa o si se abre un litigio penal prolongado ante las salas de juicio.
Fuente: elcolombiano.com
