Ley de Sometimiento: firma de la ley 2640 es oficial

La Ley de Sometimiento quedó oficializada este miércoles, 4 de noviembre, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella estampara su firma de sanción en la Casa de Nariño dentro del término legal estipulado para promulgar la iniciativa.

Con este procedimiento formal concluye el trámite legislativo que dota al aparato estatal de nuevas herramientas normativas. La ley 2640 fue respaldada además por las firmas del presidente del Senado, Honorio Enríquez, y del presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil. En el acto protocolario también participaron el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien asumió formalmente sus funciones durante la misma jornada.

Objetivos centrales para el orden público

El propósito principal consignado en la normativa busca consolidar la seguridad ciudadana y fijar una directriz clara frente a las estructuras armadas al margen de la ley. La iniciativa se enfoca en resguardar a las comunidades frente al accionar delictivo en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el texto aprobado, se busca proveer facultades para el mantenimiento y recuperación del orden público mediante mecanismos sancionatorios definidos. El articulado aprobado se enfoca en el desmantelamiento integral de organizaciones criminales que vulneren la convivencia y afecten los derechos fundamentales en el país.

Asimismo, el marco normativo marca una ruptura conceptual con enfoques previos del Estado. El nuevo esquema descarta cualquier tipo de diálogo de carácter político o mesa de negociación con estructuras armadas ilegales o bandas dedicadas al narcotráfico, cerrando el ciclo de políticas anteriores enfocadas en acuerdos políticos con estos grupos.

Lee también: Ley de ajuste fiscal: trámite rápido y recorte del 15 %

¿Qué condiciones fija la Ley de Sometimiento a los procesados?

La Ley de Sometimiento plantea un tratamiento penal diferenciado para quienes abandonen las actividades delictivas y comparezcan formalmente ante los tribunales correspondientes. Este beneficio legal se encuentra condicionado al cumplimiento riguroso de exigencias previas para validar la entrega judicial de los procesados.

Para acceder a estas prerrogativas, el Estado impone una serie de compromisos inaplazables dirigidos a resarcir el daño causado a la sociedad:

• Hacer entrega formal y verificable de la totalidad de las armas en su poder.
• Suministrar información verídica y oportuna que permita desarticular las organizaciones criminales a las que pertenecían.
• Entregar todos los activos y bienes obtenidos mediante actividades ilícitas para la reparación correspondiente.
• Liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas que mantengan en cautiverio.

El esquema de penas establece una reducción de hasta el 50 % de la condena para los integrantes rasos o de base de las estructuras delictivas. En contraste, los cabecillas y miembros de mandos medios podrán recibir una rebaja máxima de hasta el 30 %, garantizando que el castigo mantenga proporcionalidad frente a las conductas cometidas.

Lee también: El retiro de David Ospina es oficial tras 20 años

A pesar de estas rebajas concedidas, la ley dispone de manera taxativa que los cabecillas deberán pagar un tiempo mínimo de reclusión de 10 años de prisión efectiva tras someterse al proceso judicial.

Beneficios adicionales y restricciones especiales

Dentro de los mecanismos procesales, la Ley de Sometimiento autoriza suspender la ejecución penal durante los primeros 180 días del trámite para los individuos que manifiesten una colaboración activa y efectiva con la justicia colombiana.

De igual forma, la normativa estimula actividades de trabajo comunitario orientadas a mitigar las secuelas del conflicto en las zonas rurales. Los procesados podrán redimir un día de rebaja penal por cada jornada acreditada de labores en tareas de desminado, erradicación manual de cultivos o programas específicos de justicia restaurativa.

Lee también: Censo oficial: 700 habitantes de calle son extranjeros

Por otra parte, se introducen límites severos para los grupos señalados de incorporar menores de edad en sus filas. Si la estructura ilegal incurrió en reclutamiento ilícito, los mandos solo podrán aspirar a una reducción máxima del 10 % de la pena, mientras que los demás integrantes recibirán un descuento de hasta el 30 %, preservando en todos los casos el cumplimiento obligatorio de 10 años de cárcel efectiva.

Próximos pasos para la entrada en vigencia

Una vez cumplida la rúbrica del mandatario en la sede de Gobierno, el documento pasa formalmente a su fase de divulgación institucional. La ley 2640 será remitida de inmediato para su respectiva publicación en el Diario Oficial, cumpliendo con los requisitos de publicidad previstos en la legislación colombiana.

A partir de esa divulgación, el instrumento legal alcanzará plena vigencia jurídica y se tornará de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República. Con este paso concluye la implementación formal del mecanismo sancionatorio diseñado para combatir a los actores ilegales y preservar el orden público en el país.

Fuente: caracol.com.co