Nuevo fallo contra fiduciaria por 64 millones
Un fallo contra fiduciaria emitido por autoridades judiciales ordenó restituir más de 60 millones de pesos a una pareja perjudicada por la suspensión de un desarrollo habitacional en Copacabana. La medida recae sobre DaviBank debido al cese de actividades en las obras de vivienda desde el año 2022.
Detalles del proceso y la compensación económica
La decisión judicial establece que la entidad fiduciaria no solo debe reintegrar el capital inicial que los ciudadanos aportaron para adquirir su inmueble, sino también los rendimientos acumulados durante el tiempo de espera. En total, la suma calculada para los afectados asciende a 64.274.642 pesos, de los cuales cuarenta millones correspondían al desembolso efectuado como abono a la propiedad. La diferencia corresponde a los intereses causados y las actualizaciones financieras proyectadas hasta la fecha.
El proceso legal fue liderado por el jurista Jhon Jairo Morales, integrante de la firma Dumed Abogados, quien representó a los cónyuges perjudicados frente al incumplimiento contractual. La determinación también vincula a la constructora Covin, empresa que tenía a su cargo la edificación del complejo y que no acató los plazos pactados. Los compradores lograron respaldar sus reclamos tras conocerse este fallo contra fiduciaria que ampara sus derechos patrimoniales.
¿Por qué se produjo este fallo contra fiduciaria?
La determinación judicial se fundamentó en severas omisiones en los deberes de control y vigilancia que correspondían a la entidad administradora de los recursos. De acuerdo con la defensa de las víctimas, existieron serias deficiencias al evaluar la idoneidad técnica, operativa, jurídica y económica de las firmas encargadas de promover la obra. Esta falta de rigor administrativo impidió advertir oportunamente las falencias financieras y los riesgos que amenazaban la viabilidad de la construcción habitacional.
Como consecuencia de estas dificultades, la constructora Covin frenó los trabajos a mediados de 2022, dejando inconclusas las estructuras proyectadas. El plan original contemplaba el levantamiento de cuatro torres residenciales, pero únicamente una de ellas alcanzó a construirse de manera parcial antes de la parálisis total. Esta situación perjudicó directamente a cerca de 630 compradores, quienes ahora observan cómo este fallo contra fiduciaria abre la puerta a la restitución de sus aportes.
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Irregularidades en el sector de la construcción
Este precedente derivado de las acciones legales pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan los ciudadanos cuando las compañías edificadoras suspenden sus faenas de forma intempestiva. El caso de San Juan de la Tasajera representa la primera sentencia favorable emitida respecto a esta obra en particular, pero refleja una problemática recurrente en el Valle de Aburrá. Los compradores suelen invertir ahorros significativos con la expectativa de obtener un techo propio, quedando desprotegidos ante la parálisis de las obras.
La vigilancia sobre las sociedades fiduciarias resulta determinante en este tipo de contratos comerciales, pues estas entidades tienen la obligación legal de custodiar y administrar el dinero de los aportantes hasta que se cumplan todas las condiciones técnicas del encargo. Cuando ocurren descuidos en la verificación de los constructores, se generan escenarios de incertidumbre para cientos de familias, quienes ven en el fallo contra fiduciaria una alternativa jurídica para exigir respuestas frente al patrimonio comprometido.
Impacto del fallo contra fiduciaria en otras obras
Este tipo de controversias no constituye un hecho aislado en el departamento, ya que existen más de 130 proyectos habitacionales siniestrados en el Valle de Aburrá por múltiples anomalías operativas y financieras. Una situación análoga se presentó con el desarrollo Casa Campo, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. En dicho caso, la Superintendencia Financiera emitió un sentido de fallo sancionatorio contra Credicorp Capital Fiduciaria S.A. debido a irregularidades semejantes en la vigilancia del encargo fiduciario.
El pronunciamiento de la Superintendencia Financiera en ese litigio determinó que la fiduciaria no constató adecuadamente la experiencia de la compañía promotora, la cual apenas contaba con dos meses de existencia al formalizar el negocio. Pese a que esa obra registraba un progreso del 89 %, permanece detenida desde 2023. Ante este escenario generalizado en la región, las familias afectadas cuentan con bases legales sólidas para iniciar trámites judiciales, tras consolidarse este fallo contra fiduciaria que sienta un camino para otras familias perjudicadas.
Fuente: elcolombiano.com
