Indagatoria a Álvaro Uribe: expresidente compareció ante la Fiscalía por masacres en Antioquia
La indagatoria al expresidente Álvaro Uribe se cumplió este viernes en la Fiscalía. El exgobernador de Antioquia respondió por su supuesta omisión en los crímenes de El Aro, La Granja y el homicidio de Jesús María Valle.
La indagatoria formal al expresidente Álvaro Uribe Vélez abrió un nuevo capítulo en los estrados judiciales del país. En la mañana de este viernes 4 de septiembre de 2026, el exmandatario y exgobernador compareció ante los fiscales delegados para responder dentro de la investigación preliminar que examina una presunta conducta omisiva en relación con las incursiones paramilitares perpetradas en el norte antioqueño a finales de la década de los noventa.
El expediente penal abarca los crímenes ocurridos durante su mandato seccional en la Gobernación de Antioquia, específicamente las masacres registradas en los corregimientos de La Granja y El Aro, localizados en el municipio de Ituango, además del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. La diligencia judicial se desarrolló luego de que los despachos instructores desestimaran las solicitudes de aplazamiento radicadas por su equipo de defensa.
Declaraciones de Álvaro Uribe previas a la indagatoria judicial
A su arribo a la sede del ente acusador, el líder político emitió un pronunciamiento público en el que manifestó sus impresiones frente al llamado de los operadores de justicia. En sus declaraciones a la prensa, expresó: “Acudo a esta indagatoria, con tristeza, lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia”. El exmandatario rechazó de manera categórica cualquier grado de participación, conocimiento previo o complacencia estatal con los grupos armados ilegales que ejecutaron dichas acciones delictivas en el territorio.
Durante su intervención, el investigado desestimó los señalamientos sobre presuntos nexos con el cartel de Medellín o con cabecillas paramilitares, asegurando que a lo largo de su gestión pública combatió tanto a la delincuencia común como a las estructuras insurgentes y de autodefensa. Al referirse a las motivaciones de su presencia en el recinto judicial, enfatizó: “Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”. Asimismo, insistió en que su carrera institucional ha estado sometida a constantes confrontaciones políticas que, según su criterio, han derivado en acusaciones infundadas.
La diligencia se produce en un escenario procesal complejo, luego de que el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, entregara su testimonio ante los fiscales instructores sin aportar evidencias que comprometieran de forma directa al dirigente departamental de la época en la planeación u orden de los ataques bélicos contra la población civil en Ituango.
Contexto histórico de los hechos investigados en Ituango
Los sucesos que motivan las pesquisas se remontan inicialmente al 11 de junio de 1996, cuando un comando armado de las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá irrumpió en el caserío de La Granja, donde asesinaron a cinco habitantes señalados sin sustento de auxiliar a guerrillas. Posteriormente, entre octubre y noviembre de 1997, una incursión armada prolongada en el corregimiento de El Aro dejó un saldo de 15 personas ultimadas, la quema masiva de más de 40 viviendas particulares, el despojo violento de ganado y el desplazamiento forzado de centenares de campesinos.
A estos episodios se suma el asesinato del abogado y activista Jesús María Valle, perpetrado en febrero de 1998 en su despacho profesional en Medellín, poco después de haber advertido públicamente ante las instituciones sobre la connivencia de agentes de la Fuerza Pública con los comandos armados en el norte del departamento.
Mientras se surte el interrogatorio de los fiscales, el caso continúa pendiente de una resolución de competencia en la Corte Constitucional, tribunal que deberá determinar si el conocimiento del expediente permanece bajo el resorte de la justicia ordinaria o si corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
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