Abuso a mujer de 94 años en geriátrico de Apartadó desata indignación y abre investigación penal
Un indignante caso de presunto abuso contra una adulta mayor en Apartadó conmociona a Antioquia. La Gobernación, la Policía de Urabá y entes de control intervinieron el hogar tras la difusión de un video que compromete a practicantes.
El presunto abuso cometido contra una mujer de 94 años diagnosticada con alzhéimer en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, provocó una profunda conmoción social y activó la intervención urgente de los organismos judiciales y administrativos del departamento. Los hechos, ocurridos al interior del Centro del Adulto Mayor Mi Dulce Hogar —una institución de carácter público destinada a la protección de personas de la tercera edad en condición de vulnerabilidad—, salieron a la luz pública tras la difusión masiva de una grabación en plataformas digitales donde se aprecian presuntos tocamientos y vejámenes de índole sexual.
En el material audiovisual divulgado por redes sociales se constata la situación de desprotección de la residente, quien intenta apartar con sus manos a uno de los agresores mientras suplica que se detengan las conductas lesivas. Los presuntos responsables del hecho serían tres jóvenes vinculados a un centro de formación técnica que adelantaban sus prácticas formativas en el área de la salud dentro de las instalaciones del centro asistencial, circunstancia que acentuó la censura de la comunidad local y gremios de derechos humanos frente a los filtros de supervisión institucional.
Investigación penal y medidas contra los señalados de abuso
A raíz de la divulgación del material probatorio, la Patrulla Púrpura del Departamento de Policía de Urabá se desplazó de manera inmediata hasta la sede geriátrica para realizar la inspección inicial, recopilar testimonios y asegurar los elementos materiales probatorios que permitan individualizar las conductas punibles. De forma complementaria, el hijo de la víctima formalizó la respectiva denuncia ante los despachos de policía judicial, solicitando que el proceso penal determine con celeridad la tipificación de los delitos y las sanciones que correspondan a cada involucrado.
Los implicados cursaban programas en la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ICENF S.A.S. La entidad educativa emitió un pronunciamiento institucional en el que condenó cualquier conducta que vulnere la dignidad, el decoro y la integridad física de las personas de la tercera edad, confirmando la apertura de expedientes disciplinarios de carácter urgente: “tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos”. Asimismo, dado que dos de los señalados tendrían menos de 18 años de edad, las actuaciones judiciales deberán regirse bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Articulación de la Gobernación de Antioquia para la protección de la víctima
Frente a la gravedad de los acontecimientos, la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia dispuso un equipo interdisciplinario para coordinar acciones directas con la administración municipal de Apartadó y la Personería. La secretaria seccional, Alma Solano Sánchez, rechazó de manera enfática las agresiones y advirtió sobre inspecciones rigurosas en los establecimientos asistenciales: “no vamos a permitir que esto suceda en ningún centro de atención”. La funcionaria puntualizó que se auditarán exhaustivamente las condiciones de contratación y los esquemas de supervisión del personal que atiende a esta población en la subregión.
Por su parte, la Alcaldía de Apartadó confirmó que la Secretaría de Inclusión Social local coordina mesas de trabajo técnico junto a la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para restablecer de forma integral los derechos de la afectada, garantizando atención médica, soporte psicosocial y el traslado a un entorno seguro. La administración territorial reiteró que este tipo de incidentes no quedará en la impunidad y que se reforzarán los controles de acceso a los asilos públicos para asegurar que quienes atienden a los adultos mayores cumplan con los más estrictos estándares éticos.
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