Fraude procesal en el Gobierno: Juliana Guerrero acepta culpabilidad por títulos falsos ante la Fiscalía
Un sonado caso de fraude procesal quedó confirmado ante la justicia colombiana. Juliana Guerrero suscribió un preacuerdo con la Fiscalía tras confesar la falsificación de títulos universitarios para acceder a altos cargos del Estado.
El delito de fraude procesal dentro de las esferas del poder público nacional sumó un nuevo capítulo decisivo en los estrados judiciales. Ante un despacho con funciones de control de garantías, la ciudadana Juliana Guerrero formalizó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, aceptando de forma libre y consciente su directa responsabilidad penal en la alteración e incorporación de diplomas profesionales espurios con el propósito de justificar requisitos de formación académica y acceder a una designación directiva dentro del Ejecutivo.
La diligencia judicial, adelantada mediante canales telemáticos este miércoles 9 de septiembre de 2026, dejó en firme el reconocimiento de las conductas punibles investigadas. Los hechos se remontan a mediados de 2025, época en la cual la procesada aportó diplomas adulterados de contaduría pública que figuraban falsamente expedidos por la Fundación Universitaria San José. Dicha documentación fue cargada al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y radicada formalmente ante el Ministerio de Igualdad con la intención de respaldar su hoja de vida para ser posesionada como viceministra de las Juventudes.
Aceptación de cargos y beneficios judiciales por el fraude
Durante la audiencia pública, el fiscal delegado interrogó a la sindicada respecto a la lucidez de su decisión y la naturaleza de las conductas aceptadas. Sin rodeos, Guerrero explicó los alcances de la negociación pactada con los investigadores: “en la medida en que yo realicé esa actividad fraudulenta, fue donde se materializó el fraude procesal”. El ente acusador validó que la aceptación se produjo bajo pleno uso de sus facultades cognitivas, sin presiones externas ni coacciones indebidas.
En virtud de la suscripción del convenio penal, la procesada accederá a una disminución punitiva que fija una sentencia de tres años de privación de la libertad, lo que le permitiría purgar la pena sin internamiento penitenciario extramural conforme a las figuras de subrogados contempladas en la legislación. De igual manera, el dictamen judicial incluye una inhabilidad para desempeñar funciones oficiales durante dos años y medio, además del pago de una sanción económica equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del tesoro público.
Denuncias por cobro de comisiones y contratos paralelos
Más allá de la falsedad documental admitida ante el togado, las pesquisas periodísticas y judiciales revelaron la existencia de un engranaje alterno que involucraba a la imputada y a su núcleo familiar en presuntas gestiones irregulares de contratación pública. Testimonios recogidos por medios de comunicación indican que, entre finales de 2024 y mediados de 2026, se habrían exigido cobros a contratistas de varias regiones del país a cambio de intermediar en la asignación de obras de acueducto, cámaras de seguridad y adecuación de vivienda de interés social.
Las declaraciones arrimadas a los expedientes señalan tarifas de un millón de pesos solo para facilitar audiencias con funcionarios centrales, mientras que el direccionamiento de convenios contemplaba acuerdos por 200 millones de pesos más el 10 % sobre el importe total de las obras adjudicadas. La recepción de estos recursos presuntamente se triangulaba a través de allegados particulares, quienes paralelamente gestionaban la consecución clandestina de nuevos diplomas académicos en administración.
No te pierdas nada en TikTok
El esclarecimiento del fraude envía un severo llamado de atención a las oficinas de control interno de las diferentes carteras estatales para endurecer las auditorías de hojas de vida y credenciales profesionales. El expediente continuará en manos de los jueces de conocimiento, quienes deberán emitir la sentencia definitiva y tasar las medidas correspondientes para sancionar la vulneración de la fe pública institucional.
