Tasa de seguridad en Antioquia: nuevo debate en 2026
La tasa de seguridad en Antioquia volvió al centro de la discusión pública luego de que los principales gremios económicos del departamento solicitaran formalmente su eliminación. El Comité Intergremial de Antioquia y Fenalco Antioquia enviaron una comunicación conjunta a la administración seccional para pedir el desmonte anticipado del tributo.
Este gravamen departamental, denominado técnicamente como Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, comenzó a regir desde enero de 2025 y tiene contemplada su vigencia hasta diciembre de 2027. No obstante, las asociaciones productivas consideran indispensable revisar su continuidad ante las condiciones económicas presentes.
¿Por qué el sector empresarial rechaza este tributo?
El sector empresarial fundamentó su postura en la carga económica adicional que el cobro representa para las compañías establecidas en la región. Según expresaron los voceros gremiales, la tasa de seguridad en Antioquia castiga la formalidad en un momento en que las organizaciones enfrentan elevados costos de operación y múltiples obligaciones fiscales.
Las organizaciones advirtieron que este escenario genera dificultades operativas que perjudican de manera especial a las micro, pequeñas y medianas empresas. Dentro de sus argumentos, señalaron que resulta prioritario frenar el deterioro en la generación de puestos de trabajo y proteger la competitividad del tejido corporativo regional frente a otras zonas del país.
A esta preocupación histórica se sumó un factor financiero determinante: la posibilidad de que el Gobierno nacional transfiera partidas presupuestales para la protección ciudadana. Para los representantes gremiales, si la Nación asume el financiamiento de estas tareas operativas, mantener el recargo departamental pierde su justificación fundamental y sobrecarga innecesariamente a las empresas.
Cobro del tributo y alcance de la Ordenanza 50 de 2024
La implementación de la tasa de seguridad en Antioquia se sustenta jurídicamente en la Ordenanza 50 de 2024, aprobada en su momento por la Asamblea de Antioquia. Dicha normativa estructuró el mecanismo de recaudo para captar recursos destinados al orden público a través de las facturas del servicio público de energía eléctrica.
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El cobro mensual recae sobre los siguientes sectores y usuarios del departamento:
- Usuarios residenciales pertenecientes a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6.
- Inmuebles y establecimientos dedicados a actividades del sector comercial.
- Plantas, fábricas e instalaciones pertenecientes al sector industrial.
- Dependencias y sedes correspondientes al sector oficial.
Por disposición de la misma ordenanza, las familias residentes en viviendas de estratos 1, 2 y 3 quedaron exentas de este pago. A pesar de este alivio para los sectores de menores ingresos, los gremios insisten en que gravar la energía eléctrica de las empresas reduce los márgenes de inversión y afecta la estabilidad de los negocios.
La postura oficial de la Gobernación de Antioquia
Frente a las peticiones del sector empresarial, la Gobernación de Antioquia ha defendido con firmeza la continuidad del mecanismo tributario. La postura institucional sostiene que la tasa de seguridad en Antioquia resulta indispensable para financiar el funcionamiento logístico y operativo de las fuerzas de seguridad desplegadas en los municipios del departamento.
El gobernador Andrés Julián Rendón ha manifestado que la normativa cuenta con suficiente respaldo legal, ratificando que el gravamen permanece plenamente vigente. Desde la óptica del gobierno seccional, suspender este ingreso afectaría las capacidades del Estado para responder a las dinámicas delictivas que afectan tanto a las áreas urbanas como a los corredores rurales.
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Para respaldar la necesidad del cobro, la administración departamental divulgó un balance de inversiones ejecutadas con estos recursos. Hasta el mes de septiembre, las autoridades reportaron la destinación de más de $473.000 millones en dotación para los organismos de seguridad y proyectos de convivencia.
Entre los suministros entregados a la Policía, el Ejército y la Armada destacan los siguientes elementos:
- Un parque automotor compuesto por 55 camionetas y 178 motocicletas destinadas al patrullaje.
- Equipos de vigilancia fluvial que incluyen 7 botes de apoyo táctico.
- Tecnología especializada compuesta por 5 antidrones y equipos avanzados de comunicación.
- Material de protección individual consistente en 574 cascos balísticos y 706 chalecos antibalas.
El futuro de la tasa de seguridad en Antioquia
El debate sobre la tasa de seguridad en Antioquia refleja visiones contrapuestas respecto a la administración del gasto público. Mientras las agremiaciones defienden que la seguridad debe financiarse con recursos estatales ordinarios y aportes del orden nacional, la administración departamental considera prioritario mantener una fuente propia de financiamiento.
Cualquier modificación o revocatoria anticipada de la tasa de seguridad en Antioquia requerirá un trámite legislativo departamental. Para retirar el cobro antes de la fecha límite estipulada en diciembre de 2027, la Asamblea de Antioquia tendría que tramitar y aprobar una reforma explícita a la Ordenanza 50 de 2024.
Por el momento, los voceros gremiales permanecen a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del mandatario regional. La resolución de esta discusión definirá si el departamento mantiene su esquema tributario complementario o si ajusta sus fuentes de financiamiento para atender las demandas del sector productivo local.
Fuente: mioriente.com
