Violencia en El Bagre: Defensoría alerta por ataques con drones y disputas por oro en Antioquia
La violencia en El Bagre se intensifica por choques entre el Clan del Golfo y disidencias de las Farc. Defensoría advierte ataques con drones explosivos, minas antipersonal y confinamiento de comunidades rurales.
La violencia armada en la subregión del Bajo Cauca antioqueño presenta un deterioro alarmante que pone en riesgo inminente a miles de campesinos, mineros artesanales y comerciantes. A través de la emisión de una alerta temprana de carácter urgente, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la agudización de las confrontaciones bélicas en la cabecera urbana y las veredas de El Bagre, donde estructuras ilegales se disputan el control territorial y los dividendos generados por las explotaciones auríferas no autorizadas.
El informe del organismo humanitario señala que la confrontación armada involucra de manera directa a la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, facción perteneciente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, frente al Frente 4.º del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc. Los epicentros de mayor hostilidad se sitúan en los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver, áreas estratégicas que conectan con la serranía de San Lucas, así como en los enclaves mineros de Mina Nueva y Guamocó.
Ataques con drones explosivos y confinamiento de la población
Uno de los aspectos más críticos consignados en el documento institucional corresponde a la utilización sistemática de tecnología aérea no tripulada para perpetrar acciones bélicas indiscriminadas. Desde mediados de año, los actores armados han intensificado el lanzamiento de cargas explosivas mediante drones, una modalidad que desató el desplazamiento forzado inmediato de 61 grupos familiares tras un ataque coordinado en el que se arrojaron 12 artefactos sobre zonas pobladas.
A esta amenaza tecnológica se añade la siembra indiscriminada de minas antipersonal en senderos comunales y parcelas agrícolas, situación que mantiene en estado de confinamiento estricto a decenas de familias rurales temerosas de pisar los artefactos. De forma paralela, las facciones ilegales han impuesto toques de queda arbitrarios que impiden la movilidad de transeúntes después de las 6:00 p. m. por los caminos vecinales, mientras exigen cobros extorsivos que ascienden hasta el 10% del total de la producción aurífera extraída en las entables locales.
La población civil también padece la instrumentalización de sus oficios tradicionales por parte de los combatientes. El reporte defensorial da cuenta de que conductores de mototaxis y arrieros de la zona son coaccionados bajo intimidación de muerte para movilizar víveres, pertrechos de guerra o recoger cuerpos de integrantes caídos en las áreas de combate selváticas.
Recomendaciones institucionales para frenar la violencia armada
Frente a la gravedad del escenario humanitario, la Defensoría del Pueblo estructuró un pliego de 14 recomendaciones preventivas remitidas al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de activar planes de contingencia urgentes que desactiven los factores de vulneración en los corregimientos afectados.
Asimismo, la entidad exhortó a la Gobernación de Antioquia y a la administración municipal a brindar auxilio humanitario oportuno a las familias confinadas y desplazadas, reforzando la presencia de la fuerza pública no solo para neutralizar las rutas fluviales del narcotráfico y la minería clandestina, sino para restituir los derechos fundamentales y la tranquilidad en el Bajo Cauca antioqueño.
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